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LA INSOLVENCIA PARA SALVAR LOS BIENES DEMANDADOS NO ES COMO LA PINTAN

Se ha presentado la ley de insolvencia para persona natural como la única solución, la panacea para que los demandados solucionen todos sus problemas económicos, pero cada vez conozco más y más casos donde los deudores terminaron inmersos en procesos penales, donde los únicos que al final ganaron fueron los abogados, los centros de conciliación o notarías donde se llevaron estos acuerdos de insolvencia, ellos cobran por adelantado y salen de la ecuación después que el deudor ha firmado el acuerdo.


La ley de insolvencia, aunque diseñada para brindar una solución a aquellos que enfrentan dificultades financieras significativas, no garantiza que los demandados u obligados no incumplan nuevamente los acuerdos establecidos. Esto puede deberse a una variedad de razones, como cambios en la situación financiera, desempleo o cualquier otro evento imprevisto.

Una de las principales preocupaciones, se plantea en el riesgo de que los bienes pasan prácticamente en automático a los acreedores si los obligados incumplen con el acuerdo. Esto, desde luego, puede ser una consecuencia negativa, especialmente si los demandados han estado tratando de mantener sus propiedades y pagando cuotas que al final perderán.


La falta de flexibilidad en muchas insolvencias puede ser injusta, y es importante que tanto los demandados como los acreedores comprendan plenamente las posibles implicaciones antes de acordar cualquier arreglo.


Además, es cierto que algunos profesionales jurídicos pueden presentar la ley de insolvencia como la única opción viable para los demandados. En realidad, es crucial explorar todas las opciones disponibles antes de comprometerse con este camino, ya que los acuerdos de insolvencia pueden tener consecuencias a largo plazo en las finanzas de las personas.


Con respecto a las preocupaciones sobre la creación de falsas deudas para manipular la situación y obtener la aprobación del acuerdo, diré, que estas prácticas son éticamente inaceptables y en muchos casos ilegales. Por querer salvar los bienes materiales las personas pueden perder el preciado derecho a la libertad, enfrentado acusaciones penales por delitos como fraude procesal, falsedad documental, falso testimonio, falso juramento, entre otros hasta configurarse en un concurso de delitos y cambiar un reporte en Datacrédito por un antecedente penal.


Los profesionales del derecho deben actuar con integridad y brindar asesoramiento honesto a sus clientes. Si tiene conocimiento de casos donde se han cometido delitos en el proceso de insolvencia, es importante que sean denunciados para que no sigan cayendo personas en las redes de inescrupulosos que solo buscan su beneficio y lo que menos les importa es si el demandado cumplirá y especialmente si era la mejor salida.


Por último, aunque la ley de insolvencia puede ser una herramienta útil para quienes enfrentan problemas financieros, es esencial abordarla con un conocimiento completo de sus implicaciones y alternativas. Los profesionales del derecho deben trabajar en el mejor interés de sus clientes y cumplir con los más altos estándares éticos en su práctica. Siempre es recomendable buscar asesoramiento legal de confianza y realizar una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión importante en el ámbito de la insolvencia y los remates judiciales.



Gerly Pulido Olave

Abogado esp. Der. Procesal

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