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LOS REMATES JUDICIALES OPORTUNIDAD O ESTAFA.


Adquirir una vivienda o un vehículo es el sueño de muchas personas, en la búsqueda miles de publicaciones se cruzan frente a los ojos y algunos comentarios denotan el peligro de estafas.


Bienvenido al Blog de Remates Judiciales en Latinoamérica.


Empecemos por describir el remate judicial como una etapa procesal, donde el juez en una diligencia pública adjudica los bienes de uno o varios demandados al mejor o único postor que haya presentado en debida forma su oferta, el producto de esta venta se destina al pago de las obligaciones del deudor. Las diligencias de remate también pueden ser llevadas a cabo por entidades del Estado con jurisdicción coactiva como las Alcaldías, Provincias, fiscalizadoras o de recaudo de impuestos.


Antes de participar en un remate judicial, las personas tienen la oportunidad de verificar el expediente directamente o por intermedio de un abogado, pero realizar una visita al interior de las viviendas es muy difícil; en el caso de los vehículos, no es posible que el interesado haga un peritaje o experticia previa. Como requisito para participar en la diligencia de remate los interesados deben realizar un depósito previo a órdenes del juzgado o entidad que realizará el remate, una vez adjudicado la persona cuenta con un corto plazo pagar el saldo del precio y dependiendo del despacho judicial deben pagar otros impuestos; el juez verifica los pagos, aprueba la adjudicación ordenando la cancelación de los gravámenes, la inscripción de la propiedad en el registro y la entrega. Debe tenerse en cuenta que los tiempos de aprobación y las entregas no son inmediatas, estas pueden tardar varios meses.


Ahora, partiendo del imaginario colectivo donde los remates se asocian a bajos precios, a mafias que con la complicidad de funcionarios obtienen ocultamente y exclusivamente las mejores propiedades a precios ridículamente bajos, se erige esta figura como atractiva por los precios pero difícil de acceder para el ciudadano común.


En un falso remate judicial, el estafador se presenta como funcionario o con contactos dentro del juzgado, como amigo cercano de quienes realizan los remates, pero quiere darle a la persona interesada la oportunidad de beneficiarse de este mecanismo. Todo inicia con una publicación en redes sociales o páginas web con fotos atractivas y precios absurdamente bajos, se trata de vehículos, casas y apartamentos muy comerciales; el interesado debe separarlo consignando entre un 5 a 10% del precio en una cuenta supuestamente “autorizada por el juzgado o entidad” para retirar el edicto o dejar de ofertarlo, de ahí en adelante, la supuesta entrega se hará tan rápido como se cancele el saldo del precio.


El estafador, transforma todas las desventajas del procedimiento de remate judicial en oportunidades. Con una argumentación que involucra términos legales, ofrece adjudicaciones exclusivas como único postor a precios ridículamente bajos, plazos para los pagos, aprobación y entrega en 8 días con peritaje, tarjeta o carta de propiedad a nombre del comprador; en las viviendas entrega paz y salvo de impuestos. Una alerta adicional, ejerce presión para que la persona se dé prisa ante el interés de otros en el negocio, sus encuentros cuando se atreven son en lugares públicos, no tienen oficina. Algunos estafadores argumentan que no cobran honorarios porque eso ya está arreglado con el juzgado e internamente le pagan.


Entonces surge la pregunta ¿Se puede o no comprar un remate judicial con facilidad?, por supuesto que sí, solo debe entenderse el procedimiento, realizarlo con apego a los parámetros legales, con paciencia y de preferencia de una guía experta.



Gerly Pulido Olave

Abogado Especialista en Derecho Procesal

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